Johnny Marzano, CEO de MEECSAC, analiza con claridad la situación ocurrida en Pataz: “Es momento de reforzar la fiscalización y apostar por una formalización minera integral y responsable”
En una reciente entrevista, el abogado Johnny Marzano, CEO de MEECSAC y especialista en formalización minera, regulación de explosivos y cumplimiento empresarial, se pronunció sobre los lamentables sucesos ocurridos en la provincia de Pataz, los cuales han reavivado el debate sobre los vacíos en materia de control, seguridad y formalización en la actividad minera.
Marzano precisó que aún no se ha esclarecido del todo si las personas implicadas realizaban funciones de seguridad privada o actividades mineras. Esta distinción es crítica, ya que ambas requieren autorizaciones específicas y diferenciadas ante entidades como la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC).
“En el caso de empresas de seguridad, estas deben contar con contratos registrados ante SUCAMEC, así como expedientes individuales por cada persona asignada al servicio, incluyendo si portaban armas. De no cumplir con estos requisitos, se exponen a sanciones administrativas e incluso a responsabilidades penales”, indicó el CEO de MEECSAC.
Además, explicó el funcionamiento actual del REINFO, aclarando que este registro se encuentra cerrado y solo incluye a mineros que lograron inscribirse antes de la fecha límite. Sin embargo, remarcó que muchos de estos titulares carecen de financiamiento y suelen asociarse con terceros que invierten en sus operaciones. “Esto no exime al titular del REINFO de su responsabilidad legal. El cumplimiento normativo sigue recayendo sobre él”, puntualizó.
El abogado también advirtió sobre la urgencia de fortalecer los requisitos para la obtención de permisos vinculados al uso de explosivos y materiales relacionados, que actualmente se encuentran bajo un marco legal tan estricto como el de las armas de fuego. “El mal uso de estos insumos no solo pone en riesgo vidas humanas, sino que socava los esfuerzos de miles de empresarios mineros que vienen haciendo las cosas bien”, añadió.
Finalmente, Marzano hizo un llamado a reforzar el marco de fiscalización preventiva, a través de una política clara de formalización empresarial integral, que incluya aspectos legales, técnicos, tributarios y de seguridad. “El país necesita reglas claras, supervisión efectiva y un verdadero compromiso con el desarrollo sostenible del sector minero”, concluyó